MEXICO: Bienvenidos al futuro del Estado policial. | El proyecto de ley #Telecom es un cheque en blanco para la vigilancia masiva.
México en un futuro con la Ley Telecom
En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a través de la Ley Telecom, a las autoridades que frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.
JULIO 4, 2014 | Por: Miguel Guevara (@MiguelGuevaraii) y Lucía Vergara (@LuuMafu)
El gobernador Javier Lozano cuelga el teléfono; acaba de hablar con su amigo, el jefe de los servicios de inteligencia mexicana. Lozano le pidió un favor: enviarle un archivo electrónico con toda la información que se tenga de Natalia Zuvire, conocida activista de la capital poblana por su oposición a una mina a cielo abierto en Tetela de Ocampo y por sus exigencias sobre transparencia en el gasto público. Natalia se ha convertido en una piedra en el zapato para el ex senador Lozano, que gustaría de gobernar sin grillos que hagan “ruido” por todo.
Dos horas después, en el correo del gobernador, hay un archivo de varios gigabytes. Contiene los lugares que ha visitado Natalia desde julio del 2014, fecha en la que el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones. El archivo, además, contiene los registros de todas las llamadas que ha hecho la activista desde entonces, la duración de las llamadas, los nombres de aquellos con quienes se comunicó, las páginas de internet que ha visitado, la información de los correos electrónicos que ha mandado, los registros de sus chats de WhatsApp y todas las marcas digitales que ella ha dejado.
El correo contiene un link con un nombre de usuario y contraseña al sistema que le permitirá al gobernador seguir en tiempo real la ubicación de Natalia, saber con quién habla. La información le servirá al mandatario para amedrentar a la activista para que le baje. En caso contrario, el Ejecutivo le ha comentado a sus asesores que escalará la intimidación “hasta las últimas consecuencias.”
Esto es lo que podría pasar en México, en unos años, si el Congreso aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto, en su artículo 190, otorga a las agencias de seguridad del Estado mexicano (Procuradurías, CISEN, Ejército, Marina, PF, Segob) la capacidad de recolectar todos los datos que nuestras comunicaciones y actividad en línea generen sin control judicial. Es decir, el ejército podrá exigirle a nuestro proveedor de acceso a internet el registro de nuestras comunicaciones. Además, se tendrá una plataforma que monitoree en tiempo real cada paso que damos, dónde estamos, con quién nos reunimos y cualquier huella digital que generemos.
En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho no prevalece, resulta preocupante el poder que será otorgado a las autoridades quienes frecuentemente violan derechos humanos. Prueba de ello es el pasado 1 de julio, cuando el Ejército asesinó a 22 personas llamándolas criminales, rechazando directamente su presunción de inocencia.
El proyecto de ley es un cheque en blanco para la vigilancia masiva. No existe en la propuesta un cuerpo independiente y ciudadano que supervise la recolección de datos. Los ciudadanos tampoco sabrán al finalizar la investigación quién los investigó, por cuánto tiempo o qué datos fueron recolectados. Mucho menos se nos otorga la garantía de apelar la investigación judicial. En suma, no hay elementos para garantizar el debido proceso. Ésta, es la receta para establecer un Estado vigilante basado en el abuso, que facilite la represión de la protesta social y el camino a una nueva forma de dictadura articulada desde internet.
Si parece lejano este escenario, no es así, ya empezó. Mientras se discutía en el Senado el proyecto de ley, activistas fueron expulsados a golpes y con violencia de la discusión. Parece que al Senador Lozano (quien pidió que fueran expulsados), le incomoda desde hoy la presencia de voces disidentes.
En ARTICLE 19 se han señalado puntualmente las áreas de preocupación del proyecto. Creemos necesaria una profunda revisión y un verdadero debate público y abierto sobre estos puntos basándose en la máxima garantía de los derechos humanos. El proceso democrático de nuestro país está en riesgo, nos toca a todos hacernos escuchar.
Ley Telecom: la ruta de la ignominia
El gobierno de Enrique Peña Nieto no escatimó recursos, ni los más cuestionables, con el único afán de sacar adelante la propuesta de ley de telecomunicaciones tal como la quería Televisa. Hubo de todo para doblegar a la oposición: “Guerra sucia” de filtraciones y espionaje telefónico, presión constante de directivos de la empresa de Azcárraga Jean a legisladores panistas y perredistas, negociaciones maratónicas de éstos con el consejero jurídico de la Presidencia… Aprobada ya en el Senado, es previsible que la “segunda Ley Televisa” reciba el aval de la Cámara de Diputados esta semana. El poder real impuso otra vez su ley.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En la ley secundaria de telecomunicaciones, el PRI y el gobierno federal, de la mano de los cabilderos de Televisa, aplicaron el principio de “divide y vencerás” los últimos cuatro meses para sacar adelante una iniciativa que originalmente las dirigencias nacionales del PAN y del PRD afirmaron que era “anticonstitucional” por ir contra la reforma aprobada por el Congreso el año pasado.
Para vencer las resistencias iniciales el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador panista Javier Lozano, quien elaboró un “predictamen” que no modificó lo sustancial de la iniciativa del Ejecutivo federal. En una atropellada sesión de comisiones del 22 de abril se desechó “el documento” de Lozano.
Durante junio el PRI y el gobierno federal –ante la división del PAN por la contienda interna derivada del recambio de su dirigencia nacional– convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien formó un equipo de cinco legisladores encabezados por Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, sin consultar a su dirigente nacional Jesús Zambrano.
Tras más de un mes de negociaciones con el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, Barbosa y sus cinco negociadores perredistas no lograron convencer a toda la bancada y a especialistas de que la iniciativa de Peña Nieto dejaba de favorecer a Televisa.
Por el contrario, surgieron nuevas prebendas para el consorcio de Emilio Azcárraga, como el polémico nuevo artículo 9 transitorio que le permite a Televisa seguir adquiriendo compañías en televisión restringida, sin pedir autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Tampoco eliminaron la vigilancia de la Secretaría de Gobernación sobre contenidos mediáticos y la supervisión de los tiempos de Estado. Incluyeron nuevas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta modificaron el artículo 144 sobre el must carry y el must offer que adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor y abre la posibilidad para que este mecanismo, en lugar de ser gratuito, exija cobros por concepto de regalías.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1965, ya en circulación)
"SOLO QUIEN NO DA LA ESPALDA A LA VERDAD PUEDE ENCONTRARLA" 